Planteamiento Ecuador en el Proyecto ITT

Ecuador, a través de un comunicado, ratificó su intención de firmar lo antes posible, y una vez superados los puntos en discusión, la creación del fideicomiso Yasuní ITT con los distintos actores internacionales interesados en respaldar la propuesta considerada como histórica y que es impulsada por el Gobierno de Rafael Correa.
El proyecto continúa siendo un objetivo fundamental del Gobierno, que asegura que bajo esa “premisa inclaudicable continuará luchando sin descanso por su éxito”.
El proyecto Yasuní ITT es una iniciativa por medio de la cual el estado ecuatoriano se compromete a dejar de explotar de manera indefinida las reservas petroleras -estimadas en alrededor de 900 millones de barriles de crudo- del campo Ishpingo Tambococha Tiputini, situado en el parque nacional Yasuní. De esta forma garantiza la conservación una biodiversidad única y el respeto por los pueblos no contactados que habitan la zona.
Como parte de este compromiso el Estado recibirá a cambio una compensación internacional equivalente, como mínimo, al 50% de las utilidades que recibiría en el caso de explotar esas reservas.
La comunicación señala que resulta lógico y, además, es un deber de su Gobierno, asegurar que los términos de la cooperación se ajusten a la Constitución del país y respeten irrestrictamente sus intereses y soberanía, dejando en claro que “Ecuador no es mendigo de nadie”.



En este sentido expone las observaciones jurídicas precisas en relación con los “Términos de Referencia” para la constitución del fideicomiso, algunas de las cuales fueron aclaradas oportunamente, en tanto otras –afirma- no recibieron el tratamiento que correspondía, al punto que persistieron clausulas lesivas a la soberanía en la última versión recibida en la Presidencia.
Una de ellas es la negativa de precisar que únicamente las entidades públicas ecuatorianas podían considerarse como “organizaciones receptoras e implementadoras” para los proyectos financiados desde el “Fondo de Capital o de Rentas”, sin perjuicio de que éstas decidan delegar la ejecución de los proyectos a organizaciones privadas o comunitarias.
Otro de los desacuerdos es la existencia y referencia de un “Fondo Ambiental Nacional” de carácter privado para recibir rentas por contribuciones realizadas por personas privadas y organizaciones no gubernamentales. La Presidencia señala que no puede consentir que recursos del fideicomiso se destinen a fondos o instituciones que no pertenezcan al Estado.
La utilización del término “donante” es otro de los puntos que causaron divergencia puesto que lo que se busca no es la caridad internacional sino una justificada contraprestación por un compromiso ecuatoriano que beneficia a toda la comunidad internacional. Por ello se demanda la sustitución de esa palabra por contribuyente.
El Gobierno ecuatoriano tampoco está de acuerdo en el “compromiso desproporcionado” de dar status protegido a cerca de 100.000 km2 de bosques, que equivalen al 40% del territorio nacional, pues precisa que esa es una atribución exclusiva del Estado.
Considera que la aprobación y administración de los proyectos a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) generaría retrasos en su ejecución por lo que señala que los fondos, una vez aprobados los proyectos, deberían transferirse inmediatamente al Estado para su realización.
Indica que la estipulación de que las decisiones dentro del comité que administra el fideicomiso se deben adoptar por unanimidad impediría la ejecución de los proyectos derivados de la iniciativa, debido a que los representantes de los donantes tendrían capacidad de veto.

ANDES /AR



Dr. José Núñez